En Costa Rica, el Convenio 169 de la OIT fue ratificado hace ya más de dos décadas, pero eso no significó el reconocimiento de derechos indígenas en el país.
Los pueblos indígenas continuaron siendo discriminados y con los mayores niveles de exclusión social y los menores de inversión pública.
Los territorios indígenas continúan siendo despojados por personas no indígenas y las organizaciones designadas para administrarlos carecen de legitimidad o son objeto de constantes intentos de manipulación por parte de instituciones y de personas que han dirigido las políticas indigenistas del país por décadas con fines muy cuestionables. El derecho a la consulta continúa siendo negado.