El Ministerio de Justicia de Bolivia pide 30 años de prisión para la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, que ha sido detenida por el golpe de Estado de 2019.
Esta nueva solicitud del Ministerio boliviano se ha realizado un día después de que se decretaran cuatro meses de prisión preventiva para Añéz y sus dos exministros por sus vínculos en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
“Lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años, porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, ha indicado este lunes el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, en declaraciones al canal de televisión estatal.
En este sentido, ha agregado que el Gobierno de Bolivia activará en esta jornada cuatro procesos de juicios de responsabilidades contra Áñez y ha asegurado que en las próximas semanas también se va a presentar “acción penal por las masacres sangrientas” a partir de los avances que hizo el Ministerio Público en la vía ordinaria contra los actores que no tienen privilegio constitucional.
De momento, Áñez se encuentra encarcelada en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La Policía de Bolivia detuvo el sábado a la expresidenta de facto en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, tras encontrarla escondida en un baúl en la casa de un familiar. La Fiscalía de Bolivia había emitido el viernes una orden de detención en su contra y contra varios de sus ministros por “sedición”, “terrorismo” y cargos vinculados con el golpe de Estado.
Además de Áñez, también fueron detenidos el excomandante de la Armada de Bolivia, el almirante Flavio Arce; los exministros interinos de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Álvaro Guzmán, respectivamente.
De hecho, la expresidenta y sus exministros no solo orquestaron un golpe de Estado en el país suramericano, sino también son responsables de vulnerar los derechos humanos y causar la muerte de un número de civiles. Durante el mandato de Áñez, la Policía reprimió fuertemente con armas y agentes químicos las protestas contra el gobierno de facto. La represión policial y militar dejó unas 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y 1500 detenidos.