En El Salvador, crecen las voces de alerta sobre la decisión de Nayib Bukele y sus diputados afines de destituir los funcionarios nombrados por sus antecesores.
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguran que es una infracción de la ley internacional de derechos humanos.
El pasado sábado, la recién instalada Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada ya por el oficialista partido de NUEVAS IDEAS, destituyó al fiscal general del país y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos por otros. Una decisión que ha encendido las alarmas dentro y fuera de El Salvador.
Detrás de la decisión está el presidente, Nayib Bukele, que hace dos meses logró en las urnas el pleno control del Parlamento y que siempre criticaba a los diputados opositores y al poder judicial de quitarle facultades para gobernar. El mandatario y su partido ya controlan los tres poderes del estado.
Sin embargo, a Bukele no le tiembla el pulso para seguir adelante con lo que llama “limpieza de la casa”. Ya adelantó que habrá más remociones, desafiando las críticas. Los siguientes en ser apartados de sus cargos pueden ser los titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas.