Guatemala es el segundo país del mundo con mayor población indígena después de Bolivia, pero es una de las naciones en la que los derechos son más vulnerables.
Son vulnerables por la construcción de megaproyectos de empresas trasnacionales y apoyados por las autoridades del Gobierno, las cuales pretenden apoderarse de las tierras y los recursos naturales con el propósito de obtener beneficios monetarios sin la previa consulta de las comunidades, que resultan las más afectadas por la devastación de los ecosistemas, la contaminación del agua y el suelo, y la intimidación y amenazas contra sus defensores.
Desde la privatización del sector eléctrico en los años 90 hay una gran conflictividad en las áreas rurales debido a la baja cobertura y baja calidad. Las violaciones de derechos humanos se producen a menudo en contextos acompañados de una arquitectura de la impunidad y protección del comercio y las inversiones, con estructuras de poder que en muchos casos se alían con las empresas para proteger sus intereses por encima de los de la población.