Se estima que la venta ilegal de armas de fabricantes y distribuidores estadounidenses fue uno de los causantes de al menos 17 000 homicidios en el año 2019 en México, incluso, que entre el 70 % al 90 % de las armas decomisadas en la nación azteca vienen del vecino norteamericano y además podrían haber dejado pérdidas económicas de hasta el 2 % del PIB mexicano.
Estos números otorgados por la propia Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conllevaron a que su gobierno demandara en una Corte Federal de EE.UU. a 11 compañías privadas de armas norteamericanas.
Pero, entre tantas interrogantes, surge la relacionada sobre si las más poderosas empresas en este rubro, como Smith & Wesson, Barrett Fire-arms Manufacturing, Beretta y Century International Arms, podrían ser halladas culpables de estas acusaciones.