En Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sigue llevando su informe sobre las violaciones de Derechos Humanos en 2019.
Un informe que cuenta los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 y confirma ejecuciones sumarias, masacres y tortura, sobre todo, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
Familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba, reciben el informe del GIEI.
En medio de los pedidos de justicia, los expertos llegaron hasta la puente de Huayllani, donde se registraron la mayoría de las 12 muertes, el 15 de noviembre de 2019. Expusieron las conclusiones y sugerencias del informe del GIEI.
Tras conocer los detalles, los familiares de los manifestantes asesinados manifestaron su deseo para que los responsables sea castigados cuando antes.
Mientras el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia dio a conocer más detalles sobre el informe elaborado durante más de ocho meses, confirmó que 11 derechos fundamentales fueron vulnerados en 2019, varios de ellos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Según el documento, durante los primeros meses del Gobierno de Jeanine Áñez, las protestas pacíficas se reprimieron violentamente en Bolivia. Policías y militares dispararon a manifestantes desarmados. A algunos de ellos, los mataron en ejecuciones sumarias. Centenares más quedaron heridos. La persecución en contra de opositores, los ataques a la libertad de prensa y las detenciones arbitrarias fueron masivas.
Hechos a los que ha reaccionado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe fue entregado el martes al presidente boliviano Luis Arce, quien pidió perdón a los ciudadanos por los tristes sucesos vividos. Dijo que su Gobierno ya ha emprendido acciones para reparar a las víctimas y hacer justicia.