A los sucesivos gobiernos ecuatorianos no les ha interesado poner fin a las actividades del crimen organizado en las cárceles del país, opina un analista.
“Dentro de las cárceles operan grupos del crimen organizado y el Estado lo sabe, pero hace poco para remediar la situación, no porque no puede, sino porque no quiere. No le interesa ponerle fin a esta situación”, ha afirmado el periodista colombiano Juan Alberto Sánchez Marín, en una entrevista concedida este domingo a la cadena HispanTV.
Destacando que la crisis carcelaria en Ecuador es muy profunda y que tiene impacto en ámbitos como la política y la economía, el entrevistado ha manifestado que el Gobierno hace oídos sordos a la problemática.
“La solución pasa por limpiar la casa, pero la casa no es solamente las cárceles, sino el Estado mismo. Los gobiernos sucesivos están directamente o indirectamente relacionados con las actividades criminales”, ha recalcado.
Desde mayo de 2019 hasta la fecha son más de 200 los fallecidos en las cárceles ecuatorianas. 2021 ha sido el año más sangriento en la historia del sistema penitenciario, sumido en una crisis de presupuesto, control de bandas criminales y sobrepoblación. El impacto de los grupos delincuenciales es tan grande que las autoridades reconocen que son “una amenaza con un poder igual o superior al del Estado”.
El 23 de febrero, la Policía informó de los hechos violentos ocurridos en las penitenciarías del puerto de Guayaquil y las ciudades de Cuenca y Latacunga (ambas en el sur), que se saldaron con decenas de muertos y heridos.
Ante tal coyuntura, el Gobierno ecuatoriano aprobó en agosto un fondo de 75 millones de dólares para reformar las prisiones, con atención a las necesidades urgentes de tecnología, infraestructura, seguridad y talento humano.