Dirigentes comunitarios de Panamá denuncian ser perseguidos mediante la Policía, mientras luchan por ser atendidos y que se regularicen su situación habitacional.
El impacto de la crisis sanitaria ha tenido una incidencia particular en los sectores con mayor necesidad en Panamá.
A pesar de la delicada situación socioeconómica que enfrenta el país, en medio de la pandemia han continuado los desalojos en distintas comunidades informales, y los dirigentes de estos asentamientos consideran que se trata de una política de Estado que vulnera sus derechos.
Desde estas comunidades denuncian que distintos organismos de seguridad del Estado están siendo utilizados para desalojar familias que ocupan tierras por necesidad, como parte de un intento por criminalizar su lucha social.
Mientras el déficit habitacional, según datos oficiales, oscila las 116 mil viviendas, el intento de darle solución a través de las distintas administraciones ha girado en torno a condiciones que permanecen inalcanzables para muchos panameños.