Amnistía Internacional (AI) denuncia que la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia a manos de la Policía no fue ocasional, según alega Bogotá.
En un informe titulado, “Cali: En el epicentro de la represión”, publicado este viernes, la organización de derechos humanos AI recoge pruebas y evidencias sobre el uso de armas letales por la policía y los paramilitares para detener las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo entre mayo y junio en gran parte de Colombia.
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida”, ha denunciado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
En Cali —la tercera ciudad más importante de Colombia y donde más cometieron violaciones de derechos humanos de los ciudadanos durante las protestas—, la policía antidisturbios recurrió a medidas como tortura y desaparición forzada para “infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Guevara.
Según el organismo internacional, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes de la Policía “no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento”, lo que contradice las afirmaciones del Gobierno del presidente, Iván Duque, que alega que las actuaciones desmesuradas de la Policía sí fueron hechos aislados.
En el informe de 47 páginas, Amnistía ha recolectado 4687 casos de violencia policial, 84 muertos, de los cuales 28 son atribuibles a la fuerza pública y 90 víctimas de lesiones oculares.
En el caso de las protestas en Cali, Amnistía ha documentado varios casos en los que la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) han asesinado o detenido arbitrariamente a los manifestantes en coordinación con los paramilitares y civiles armados.
El informe insta a las autoridades colombianas a detener cuanto antes la violenta represión de las protestas y abrir una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional ocurridos en el país.
Ya pasan dos meses desde que iniciaron las movilizaciones en Colombia, contra las políticas del Gobierno del presidente colombiano. Estas protestas fueron inicialmente contra una polémica reforma fiscal y sanitaria del que Duque ha retirado y, en la actualidad, las manifestantes reclaman reformas fundamentales en el país.