Los conflictos generados por las concesiones a favor de las industrias extractivas sobre territorios de pueblos y comunidades indígenas y áreas naturales protegidas marca la agenda social del país.
Los impactos ambientales han despertado la movilización de numerosas poblaciones, indígenas y mestizas, constituyendo una espada de Damocles para los Gobiernos que, por un lado, desean mantener un crecimiento económico basado en el extractivismo y, por otro, no pueden controlar ni atenuar los impactos de esta actividad.