Una de las principales demandas del Gobierno de Wampis es el poder de patrullar su territorio para garantizar una intervención oficial más rápida en la minería y la tala ilegal que las agencias estatales peruanas.
El Gobierno peruano está involucrado en una lucha muy publicitada contra los mineros ilegales, buscando y destruyendo sus equipos, pero parece ser ineficaz. Las actividades extractivas, como los derrames de petróleo y el cultivo de palma aceitera, y el cambio climático, como la sequía y los incendios forestales, son las principales amenazas para las comunidades nativas y la gran variedad de ecosistemas y una gran riqueza de recursos naturales en el Perú.
En la actualidad, el 21 por ciento del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras, que se superponen con el 47,8 por ciento del territorio de las comunidades campesinas.
Las concesiones de hidrocarburos cubren alrededor del 75 por ciento de la Amazonía peruana. Esta superposición de derechos a territorios comunales, la enorme presión ejercida por las industrias extractivas, la falta de cohesión territorial y la ausencia de una consulta previa eficaz están exacerbando los conflictos territoriales y socioambientales en el Perú.
El cultivo a gran escala de esta planta tropical provoca la deforestación y la destrucción de hábitats naturales. A mediados de 2016, según Oxfam, 60 000 hectáreas de bosque tropical habían sido devastados por plantaciones de palma aceitera en Perú. Y hay una larga lista de proyectos agroindustriales en tramitación, incluyendo el cultivo de palma aceitera, poniendo en riesgo más de 150 000 hectáreas.