El procurador general de Panamá renuncia mientras continúa la presión de grupos juveniles por encontrar culpables en el caso de abusos a menores en albergues.
La renuncia del procurador general, Eduardo Ulloa, levanta suspicacias sobre la posibilidad de que el caso se convierta en uno más de los que no encuentran resolución.
Su renuncia efectiva a partir del lunes primero de marzo, despertó esperanza en algunos panameños por obtener avances en las investigaciones sobre los abusos a menores dentro de albergues regulados por el Estado.
Sin embargo, el historial de la Administración de justicia en el país centroamericano no presenta credenciales para sustentar esa posibilidad; un cargo que debería cumplirse en una década, ha tenido 9 procuradores en los últimos 30 años y muchos de los principales casos de alto perfil se han “diluido” en ese tiempo.
El procurador suplente, Javier Caraballo, se ha hecho cargo del puesto hasta que el Ejecutivo designe un reemplazo oficial, y en ese poder presidencialista es donde algunos analistas observan la primera de las presiones a las que se ve subordinado el aparato de justicia panameño.
Mucho se especula sobre los nombres involucrados en las aberraciones citadas dentro del informe de los albergues y de ahí surge la desconfianza por obtener resultados a manos del propio sistema, si no continúa la presión ciudadana.
John Alonso, la Ciudad de Panamá.