Distintos sectores de Panamá critican enérgicamente el anuncio realizado por el presidente Cortizo, sobre la obligatoriedad en vacunación contra COVID-19.
La República de Panamá se encuentra entre los países que mantienen cubierta a la totalidad de su población, con vacunas para combatir la COVID-19. Un total de 9.2 millones de dosis han sido adquiridas por el Gobierno panameño, según detalla un rastreador preliminar del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el reciente anuncio realizado por el presidente Laurentino Cortizo, sugiriendo la obligatoriedad de la vacuna para los funcionarios de su gobierno, generó distintas reacciones.
Para algunos especialistas, como el abogado Ernesto Cedeño, no existe un sustento jurídico que respalde esta iniciativa.
El estado de emergencia, decretado en el país desde marzo de 2020 a raíz del brote del nuevo coronavirus, ha supuesto un espacio en el que sectores de la sociedad consideran que las autoridades han tomado medidas que no han sido acordes a los intereses de la población, impulsándolos a realizar propuestas que hasta el momento no han sido atendidas y que incluirían el incremento en las penas de delitos contra la administración pública durante este periodo.