En Honduras la justicia avanza a paso lento contra los altos funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández.
En esa opacidad la Agencia de Investigación ATIC, realizó la detención de Marco Bogran un exfuncionario que pagó de manera anticipada más de 47 millones dólares por unos hospitales móviles que nunca funcionarios.
Con gran propaganda se inauguró hace unos meses el hospital móvil en la capital hondureña. Horas después falleció uno de los únicos dos pacientes internos. Hoy el Gobierno acepta que esos contenedores disfrazados de hospitales no son aptos para tratar pacientes de la COVID-19.
Hoy sirven como salas para operaciones menores que no pueden ser atendidos en otros centros asistenciales debido a la saturación de pacientes afectados por el virus.
Marco Bogran exdirector de inversiones Estrategias de Honduras es acusado de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos. Por la compra de 7 supuestos hospitales móviles, de los cuales solo uno está en funcionamiento para pacientes de la COVID-19 en la ciudad de San Pedro Sula.
Como una ciudad en ruinas y abandonada han quedado los mal llamados hospitales móviles, que al final fueron contenedores; una de las últimas grandes estafas del Gobierno de Juan Orlando Hernández.
Luego de la salida de Marco Bogran, fue nombrada una junta interventora al interior de Inversiones Estratégicas de Honduras, sin resultado alguno. Con el peligro de la circulación de una nueva cepa del virus en el país.
Según cifras de la secretaria de salud hondureña, un promedio de 25 a 30 personas mueren diariamente en el país producto del virus. En la actualidad la cifra llega a las 5 mil víctimas mortales.
Dassaev Aguilar, Tegucigalpa.