Los Rohingya sufren una creciente persecución en Myanmar (Birmania) desde 2012, cuando estalló el brote de violencia entre budistas de la etnia Rajine y musulmanes que dejó decenas de muertos y unas 120 000 personas confinadas en 67 campos de desplazados.
Pero esta etnia cultural, religiosa y lingüística, considerada una de las más perseguidas del mundo por Naciones Unidas, sufre una discriminación histórica por parte de las autoridades birmanas. Estas consideran que son inmigrantes bengalíes que llegaron hace décadas de la actual Bangladés, que tampoco los reconoce como ciudadanos propios.
Los musulmanes Rohingya se convirtieron en apátridas en Birmania –un país de mayoría budista–, en 1982, cuando el régimen militar del General Ne Win aprobó una ley según la cual solo pueden optar a ser ciudadanos de pleno derecho los miembros de aquellos grupos étnicos que se hallaran en territorio birmano antes de 1824, el comienzo de la ocupación británica.
El Gobierno reconoció con ese decreto a un total de 135 grupos indígenas donde no está incluida la población Rohingya y también inició una campaña nacionalista que usaba la religión budista como símbolo de identidad nacional, que se prolonga hasta la actualidad. En la práctica, todo esto ha significado que los Rohingya se hayan visto despojados de todos sus derechos, entre ellos, la libertad de circulación, su derecho a casarse y el acceso a la educación o la asistencia sanitaria.