Durante la última semana se han profundizado acciones que buscan remover a familias completas de las tierras que han ocupado ante la necesidad habitacional en Panamá.
El impacto socioeconómico de la pandemia en Panamá ha profundizado problemáticas como el déficit habitacional y a pesar de la crisis y las restricciones, desde distintos asentamientos informales denuncian que la presión hacia ellos no da tregua, menos aún cuando, desde el Ministerio de Vivienda (Miviot), se promueve una ley que llevaría a prisión entre 3 y 5 años a quienes impulsen lo que consideran “invasión de terrenos”.
Esta iniciativa busca garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución relacionado a la propiedad privada; pero, para quienes se oponen, existen incongruencias al no considerar algunos detalles.