La estructura militar y policial de Chile se encuentra fuertemente cuestionada por su autonomía frente al poder civil, que han creado culturas de abuso, impunidad y corrupción organizada. Los gastos militares multiplican los de los países vecinos, sin haber peligros de enfrentamientos limítrofes.
Enfrentar ese tema es uno de los más difíciles para la Convención Constitucional, aprobada en plebiscito por el 80 por ciento de los votantes, que se propone reemplazar la institucionalidad autoritaria heredada de la dictadura de Pinochet y mantenida en el período postdictatorial.