En julio del presente año, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en territorio palestino ocupado desde 1967, pidió a la comunidad internacional que califique la creación de asentamientos israelíes como “crimen de guerra” en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En pocas palabras, Michael Lynk dejó claro que los asentamientos israelíes violan la prohibición absoluta de que un ocupante traslade parte de su población civil a un territorio ocupado.
Racionalmente la comunidad internacional calificó esta práctica de crimen de guerra cuando adoptó el Estatuto de Roma en 1998.
Pero entonces ¿dónde queda el derecho internacional si el régimen israelí continúa operando y sin ninguna restricción sus ocupaciones?
Para que tengan una idea, en la actualidad hay cerca de 300 asentamientos en Jerusalén Oriental ocupado y en Cisjordania ocupada, con más de 680 mil colonos israelíes.
Podría parecer increíble que aunque la ilegalidad cometida por Tel Aviv ha sido confirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra y por muchas organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos, continúa perpetrándose.
Ahora contra toda esta prohibición argumentada internacionalmente, Israel vuelve a anunciar la apertura de licitaciones para alrededor de 1300 nuevas viviendas en los asentamientos judíos ilegales. El Ministerio de Construcción israelí también ha indicado su intención de duplicar la población judía del valle del Jordán con un plan para poner a la venta 1500 viviendas en la zona para 2026. Además se espera que el miércoles 27 de octubre la comisión de planificación del Ministerio de Defensa israelí dé luz verde definitiva a la construcción de más de 3000 viviendas en Cisjordania.
Luego de que la pasada Administración Trump en EE.UU. fuera permisiva sobre estas políticas de Israel, y aunque el gobierno de Joe Biden expresara una alarma por considerar que la nueva construcción en un obstáculo para llegar a un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes, no se ha visto realmente ningún cambio en la práctica y por el contrario la Casa Blanca sigue una especie de fidelidad hacia el régimen de Tel Aviv y sus acciones.
Además de las 112 empresas de la construcción que materializan los planes de Israel en territorio ocupado, hay unas 6 estadounidenses según la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
En esta edición de Detrás de la Razón por HispanTV, revisamos la política ilegal de Israel en desmedro del pueblo palestino y sus territorios, y la inoperancia del derecho internacional en cuestión y sus ejecutores. Acompáñenos.
Por Danny Pérez Díaz
IG: @Dannyperezdiaztv