Los derechos humanos de los guatemaltecos en encuentran en riesgo por pugnas entre el Congreso y la Procuraduría de Derechos Humanos.
La junta directiva del Congreso de la Republica se niega a asignarle el presupuesto que por ley le corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos aduciendo imparcialidades en las acciones del procurador, bancadas de oposición condenan las acciones de una junta directiva alineada al oficialismo y proimpunidad.
La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal en cuanto a la defensa de la constitución ya emitió una resolución para que le fueran trasladados los fondos a la Procuraduría de los Derechos Humanos sin embargo el Congreso se niega a acatar las ordenes por lo que serán denunciados penalmente.